Una vez más, Ciudadanos ha alertado al gobierno local de Benidorm, y en esta ocasión también al resto de la Corporación y al Secretario Municipal, ante la presunta explotación ilegal que está realizando una empresa del aparcamiento subterráneo ubicado bajo el ayuntamiento, de propiedad municipal. El parking lo continúa explotando la misma empresa a la que se le terminó la concesión hace casi dos años, y según alertan desde Ciudadanos, cobrando unos precios muy superiores a los que fijaba el pliego aplicando la subida del ipc.
A mitad de mes, el grupo anunciaba que hace meses que habían llevado el caso a la Agencia Antifraude, tras lo cual el concejal de gobierno, del PP, negó que la empresa estuviera cobrando precios superiores a los fijados. En cuanto a que no cuenta con informes, ni prórrogas ni documento alguno que avale su explotación actual, el gobierno local dijo que se estaba licitando el servicio, pese a que todo el procedimiento está finalizado y ya hay empresa adjudicada esperando a gestionar la instalación.
Ante dicha afirmación, la concejal de Ciudadanos, Ana Pérez Sebastiá, exigió al concejal popular en el pleno que aclarase tal cuestión y mostrara el informe, si es que existe, que avala que no se está permitiendo a FCC cobrar precios por encima de los estipulados desde hace años así como continuar llevando el parking.
Cabe recordar que el parking fue concedido a una filial de FCC hace décadas, y que el contrato y su prórroga finalizaron hace más de un año. En aquel momento se concedió 4 meses más, hasta septiembre, para terminar la licitación de la nueva empresa, pero el gobierno local dejó el proceso sin concluir permitiendo a la empresa continuar sin informe alguno. Dicha empresa es la misma que lleva el servicio de limpieza y recogida de basuras en el municipio, con un contrato que caducó en 2018, cuyas prórrogas finalizaron también hace años, y a la que se contrata anualmente a nuevos precios desde entonces.
El pliego para el nuevo servicio de limpieza y recogida de basuras, a día de hoy, sigue sin salir a concurso.
En 2016 se aprobó una moción de Ciudadanos para redactar los contratos superiores a 750.000 euros un año antes de su caducidad; en 2017 se aprobó otra para crear una comisión específica, constituida pero no operativa, y en 2018 se constituyó otra de seguimiento de pliegos, pero ninguna tuvo realmente actividad y no se redactó ningún pliego en tiempo y forma.
