Desde 2018 hasta el pleno de octubre de este 2020 Ciudadanos está intentando que el gobierno del PP local se moje y active medidas municipales que luchen contra la ocupación ilegal de viviendas en Benidorm. El gobierno de Toni Pérez se niega rotundamente. Así quedó patente en el último pleno, donde el PP hizo un ejercicio de cinismo absoluto. Aprobó, junto al PSOE, una moción en la que únicamente reclamaban al Estado endurecer leyes y dar herramientas útiles para el desalojo de las okupaciones ilegales. Cuestiones que también llevaba la moción de Ciudadanos, presentada con más de un mes de antelación, cuando quedó sobre la mesa después de que el PP quisiera modificar íntegramente su texto con una enmienda a la totalidad.
Ayer, sin embargo, no hubo enmienda. Presentó su enmienda modificada, en fórmula de moción de última hora, presentada con el PSOE. Con ella se lavan las manos y dejan los problemas derivados de la ocupación ilegal al Estado. Eso es lo que quedó patente a la hora de votar la moción de Ciudadanos minutos después de la suya.
El PP votó en contra de la totalidad de la moción. Eso quiere decir que, primero, tumbó la creación del plan municipal contra la ocupación ilegal reclamado por Ciudadanos, que como explicó el portavoz, Juan Balastegui, buscaba implantar medidas municipales como crear una atención a víctimas de ocupación, activar un teléfono y correo electrónico para este fin, eliminar tasas durante el tiempo que estuvieran ocupando el inmueble, activar un protocolo de policía local… etc.
Un plan, en definitiva, anulado por el PP de Benidorm, aunque el PP del resto de pueblos de la provincia lo haya aprobado a favor. Pero aquí, el rodillo impone su hipocresía, y con el mismo ímpetu que votó en contra de ese plan, el PP tumbó también las otras medidas presentadas en la moción de Ciudadanos:
- Potenciar la coordinación y la cooperación institucional para reforzar la eficacia en la lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles, en particular, entre la Policía Municipal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado [y la Policía Autonómica o Unidad Adscrita del CNP en la Comunidad Autónoma], así como con la Administración de Justicia, para asegurar una pronta actuación ante ocupaciones que atenten contra la seguridad y la convivencia ciudadanas.
- Instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover todas las reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, entre otras:
- Agilizar en todo lo posible los juicios relacionados con los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente, previendo la restitución inmediata de la vivienda a los legítimos propietarios cuando el inquilino denunciado no pueda acreditar la ocupación legal del inmueble por cualquier medio válido en derecho;
- Habilitar a las Juntas de propietarios para instar los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente que afecten a la convivencia de la comunidad de vecinos,
- Reforzar las competencias de los Ayuntamientos para velar por la seguridad y convivencia ciudadanas en casos de ocupaciones ilegales de viviendas, facultándolos para subrogarse en las acciones de desalojo de los propietarios que no las ejerzan en casos de ocupación ilegal que afecten a la seguridad y convivencia ciudadanas;
- Endurecer las sanciones penales de los delitos que versen sobre ocupaciones ilegales de inmuebles que se lleven a cabo con violencia o fuerzas en las cosas, que sean auspiciadas por mafias, con ánimo de lucro o como medio para cometer otros delitos, como la trata con fines de explotación sexual o el tráfico de drogas.
- Dar cuenta al Pleno de la Corporación Municipal que se adopten en cumplimiento de los acuerdos antes referidos, incluidas aquellas que se impulsen por parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma, del Gobierno de España y de las Cortes Generales.
